La Agenda 2030 es un plan hecho en septiembre de 2015 por 193 países con el fin de orientar los esfuerzos para alcanzar el desarrollo sostenible en tres esferas: económico, social y ambiental, de manera integral y balanceada. Trata de un acuerdo global, pero que reconoce los retos específicos que enfrentan cada nación, estado y localidad. Toma como condición necesaria para el desarrollo la participación y el compromiso conjunto de todos los actores involucrados, por eso la importancia de que las instituciones públicas, ciudadanas, sector privado y academia trabajen juntos.
La agenda 2030 en su objetivo número 16 establece la necesidad de “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”. La meta 16.5 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) plantea la necesidad de reducir la corrupción y llevar el soborno y todas sus formas a la mínima expresión.
Si hay corrupción, ninguno de los objetivos será posibles porque inhibe el desarrollo integral de todos estos principios. La corrupción obstaculiza el desarrollo en varias formas: desincentiva la inversión privada, tiene costos de oportunidad significativos en cuanto a la oferta de servidores públicos y a la provisión de infraestructura social, pero sobre todo tiene afectaciones desproporcionadas para la población en situación de vulnerabilidad y alimenta la desigualdad.